Un cambio legal profundo está afinando el Ministerio del Trabajo para modificar el actual sistema de capacitación. No se trata del fin del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) pero sí de una iniciativa que involucra un proyecto de ley -que en el Ministerio estiman estaría listo en febrero- que se traducirá en modificaciones relevantes a este sistema de franquicia tributaria por el que se canalizan los recursos para capacitar a los trabajadores.
Posiblemente se trate del cambio más ambicioso desde la creación del Sence, dice la ministra Evelyn Matthei.
La transformación se basa por un lado en los resultados que arrojó la comisión Larrañaga, donde se constató el nulo impacto de la capacitación actual a la hora de medir si hay mejoras en empleabilidad y salarios. Y, por otro, en la experiencia internacional recogida de países como Australia o Nueva Zelandia, que la ministra visitó y en los que constató que a nivel de industrias allá se organizan en "consejos de competencias laborales" (skills council): organismos que dan las pautas de lo que el mercado laboral está demandando. Y determinan qué tipos de trabajadores se necesitan, en qué áreas, y cómo se les prepara.
La ministra revela que el cambio apunta a capacitar a gente vulnerable, incluso que no ha salido de cuarto medio, y conectarla con lo que la industria está demandando, para que pueda acceder a buenos empleos. "De otro modo, estás capacitando a ciegas", dice.
"De muchas capacitaciones pequeñitas, baratitas -para decir que estamos capacitando a cinco millones de personas-, nos estamos yendo a capacitaciones de $1,5 millones por persona, de trescientas o cuatrocientas horas", cuenta. Y ejemplifica:
"Necesitamos buzos profesionales para los salmones. Nos hemos dado cuenta que necesitamos a lo menos ocho mil conductores profesionales que manejen camiones, el Transantiago. Pero un joven vulnerable, de dónde va a sacar la plata para hacer un curso de conductor profesional. No la tiene. Entonces, nunca accede a los empleos mejor pagados", dice.
¿Por qué el cambio legal? Porque este nuevo esquema supone transformaciones: "Vamos a tener que crear una institución pública que controle la calidad. Certificar la calidad del que da la enseñanza, pero también certificar el aprendizaje del alumno".
Por otro lado, lo que está evaluando el ministerio -aún no zanjado como esquema final- es incorporar un sistema de postulaciones parecido al de la Vivienda actual para acceder a este tipo de capacitaciones.
"Es posible que en ciertos casos el trabajador tenga que tener un ahorro previo, y en otros casos, los que son más vulnerables, se le regale. Estas son las cosas que tenemos que pensar. Eso es lo que va a estar afinado en el proyecto de ley", anticipa.
Otro cambio apunta a institucionalizar la comisión Larrañaga: "Va a haber una comisión permanente conformada por expertos independientes del gobierno de turno que pueda ir diciendo qué tipo de capacitación sirve, de modo de ir focalizando los recursos en aquello que realmente tiene efectos".
-¿Qué pasará con el número trabajadores capacitados? En algún momento se transformó en fetiche llegar a un millón al año.
"Cuando tuvimos el resultado del estudio de la Comisión Larrañaga fui a presentárselo al Presidente. Le dije: usted en su programa de gobierno prometió capacitar a seis millones de trabajadores. Eso es posible, y lo puedo hacer, pero eso significa una capacitación de setenta mil pesos promedio, que de acuerdo a este estudio, no sirve para nada. El estudio nos mostró que capacitaciones más largas sí tienen efecto en la empleabilidad y en las remuneraciones. ¿Cómo seguimos? ¿Respetamos nuestro programa o nos vamos a lo que acabamos de aprender? El Presidente me dijo váyase por lo que a la gente realmente le haga un cambio en su vida".
Así, en el ministerio del Trabajo desecharon la idea de enviar el proyecto de "ley corta del Sence" que tenían anunciado y que apuntaba a poner coto a prácticas como los cursos de risoterapia, cuenta la ministra. "Cuando nos metimos en el tema de los skills council nos dimos cuenta que la reforma se quedaba corta. En la última reunión que tuvimos con el Presidente, nos dijo no más con la ley corta", revela Matthei.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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Diego Hernández es el presidente de Exponor 2013
