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sábado, 7 de septiembre de 2013

MINERIA Y RECURSOS HIDRICOS EN COQUIMBO

Gremio minero de Coquimbo analizará situación hídrica de la región

Con el lema "Avanzando hacia una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos" el Consejo Regional Minero de Coquimbo (Corminco), la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP) y el Capitulo Chileno de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea (Alhsud), realizarán jueves 12 de septiembre un seminario regional que busca analizar y proyectar el escenario hídrico en la región para los próximos años.

El encuentro se realizará en la Universidad Tecnológica INACAP de La Serena y espera convocar a los principales actores del recurso agua de la zona de Coquimbo, desde empresas mineras, proveedores, autoridades de gobierno, consumidores y agricultores.

Desde la minería, el gerente de Corminco, Antonio Videka, subrayó que este seminario pretende "aportar conocimiento a la discusión pública de un elemento tan importante como el agua, temática en la cual la minería quiere participar como uno de los usuarios del recurso".

Programa

El programa del evento incluye presentaciones de Eugenio Celedón, presidente de ALHSUD Capitulo Chileno, quien abordará el "aumento de disponibilidad de Agua por infiltración y uso de embalses subterráneos"; Pablo Rengifo, de GeoHidrología S.A., con "recarga artificial de acuíferos en Chile: proyectos en ejecución en acuíferos de Santiago (SCM) y Aconcagua (DOH)"; y Luis Simón Figueroa, abogado de Figueroa Asociados, con "Valoración del estatus jurídico del derecho de aprovechamiento hídrico en Chile".

Las intervenciones de carácter regional consideran a Carlos Galleguillos, Director Regional de Aguas, y Mario Jofré, presidente de la Comisión de Recursos Hídricos de Corminco. También tendrán un espacio los presidentes de las Juntas de Vigilancia de los ríos Elqui, Limarí y Choapa.

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Fuente:QUEPASAMINERÍA

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Rodrigo González Fernández
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indigena chile:

Consulta Indígena: Mesa en la mira

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Consulta Indígena: Mesa en la mira

Después de siete reuniones de negociación para definir el reglamento ligado al Convenio 169, en las que han participado representantes de las distintas etnias, algunos dirigentes definen la próxima cita como el hito decisivo: sale humo blanco o se acaba el diálogo. 

Por Andrés Pozo B.

Una treintena de asesores en materias técnicas y jurídicas han participado en el extenso proceso de elaboración del reglamento de consulta indígena, bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entre octubre y febrero, gran parte de ellos, junto a las comunidades, trabajaron en las nueve propuestas que se hicieron llegar a La Moneda. 

Desde marzo, líderes mapuches, aimaras, collas y diaguitas, entre otros pueblos, se sentaron en una mesa de consenso con el gobierno. En las siete sesiones que se habían realizado hasta el cierre de esta edición, habían participado en promedio más de 60 personas en cada una de ellas. El diálogo entre indígenas y autoridades partió el 12 de marzo con un protocolo de buenas intenciones. Se hablaba de "diálogo genuino" y de "buena fe". 

Pero el camino ha sido más duro. En diciembre se calculaba que el acuerdo final del reglamento estaría entre mayo y junio, sin embargo se ha ido entrampando. En la reunión de la mesa de consenso de fines de mayo, los pueblos aimaras de Arica-Parinacota y Tarapacá, quechua de Tarapacá y lickanantay de Antofagasta emitieron una dura declaración en contra de la instancia, saliéndose del diálogo. 

Al cierre de esta edición, las perspectivas para la mesa eran inciertas. Aunque los líderes que continúan en ella manifiestan voluntad de terminar de buena forma -ya que tienen gran parte del articulado acordado-, hay tres puntos que mantienen en vilo su éxito. En el gobierno hay optimismo de que se cierre pronto el articulado. 

Con ese panorama, la octava mesa de consenso -que se realizaría durante la primera semana de julio- podría marcar un hito clave: sale humo blanco o, por el contrario, se agota toda posibilidad de entendimiento. 

Según el presidente de la instancia, Marcial Colín, lo único que resta es una definición política de querer dar un salto cualitativo en la relación con el mundo indígena. Mirna Cortés, presidenta de la Mesa Provincial Indígena Copiapó-Chañaral, dice que, después de nueve meses de trabajo, "no vamos a darnos por vencidos hasta encontrar la mejor fórmula para los puntos en que no hay acuerdo". 

Tira y afloja 

"Estamos discutiendo el corazón del reglamento", resume la presidenta del Consejo Nacional Aymara, Cecilia Flores, respecto a las diferencias que se deberían negociar con el Ejecutivo.

Los pueblos indígenas buscan mejorar su posición en tres aspectos: cómo tratar los proyectos de inversión, qué se entiende por afectación directa, y qué tipos de medidas del Estado deberán ser consultadas.

De ellos, el más importante es el primero y la posición está clara: los proyectos de inversión deben consultarse bajo las reglas que se acuerden en esta mesa y no con el mecanismo del nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que está en toma de razón en Contraloría. Colín y otros dirigentes se reunieron con el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, para que se saque el mecanismo, que califican de "inconsulto". 

Según explican, lo ideal sería que el reglamento del SEIA haga una referencia directa al Convenio 169 y especifique que el mecanismo de consulta será el acordado por esta mesa. 

Para Flores, en caso que se hiciera mediante la propuesta del SEIA, significaría bajar del nivel que impone el Convenio. Agrega que también es necesario que se consulte la entrega de concesiones de exploración minera. 

Esta idea ha recibido el apoyo desde fuera de la mesa. El académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile Rodrigo Egaña cree que puede terminar complejizando la Ley de Bases del Medio Ambiente, especialmente porque hay aspectos que no están fijados en ella, como que el Estado se obligue a realizar una consulta a pueblos indígenas.

mesa1

Entre el 30 de noviembre y 2 de diciembre pasados, más de 250 representantes indígenas de los nueve pueblos originarios del país se reunieron para discutir sobre el derecho a consulta según el Convenio 169.

¿Mesa legítima?

Para los representantes de pueblos que se bajaron de la mesa a fines de mayo, el punto detonante fue no tener representación en un grupo reducido que se conformó para redactar los artículos finales del reglamento. Así lo explica Wilfredo Bacián, de origen quechua, quien enfatiza que, si bien valora el proceso que se estaba impulsando, no funcionó como se esperaba. 

El problema central, a su juicio, es la representación de esta mesa, ya que está trabajando sólo el 10% de los indígenas que participaron del gran encuentro que realizaron las comunidades en Santiago entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre del año pasado. 

El abogado Alonso Barros -experto en temas indígenas y asesor de los grupos que se bajaron de la mesa- valora este proceso de diálogo, pero asegura que es tema recurrente cuestionarse la legitimidad de los representantes.

Al interior de la instancia de discusión no concuerdan con estas visiones. Flores defiende su participación y dice que siempre ha trabajado con sus comunidades. Además, cuestiona que parte de quienes se salieron de la mesa de consenso a fines de mayo, pocos días después hicieron llegar una contrapropuesta de reglamento. 

Mirna Cortés agrega que en la instancia están los verdaderos dirigentes, que todo el año trabajan con sus comunidades y que no lucran con esta representación. Barros, en tanto, reconoce que hay dirigentes en la mesa que sí tienen legitimidad y que, por lo tanto, "se juegan el honor" en este reglamento, por lo que se podría esperar que el resultado final sea un paso hacia adelante. Aunque es escéptico de los resultados, dice que "si esta mesa logra rayar la cancha al próximo gobierno en materia indígena, ya habrá logrado algo objetivo".

OIT: "No se ha demostrado que la consulta cause atraso en la inversión"

Para Kirsten-María Schapira, especialista principal en Normas Internacionales y Relaciones Laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur de América Latina, más que "problemas" en la implementación del Convenio 169, debería hablarse de "desafíos", pensando que se trata de un proceso. 

Según su visión, la ratificación del Convenio 169 en Chile marca un antes y un después en la relación con los pueblos indígenas, porque "inscribe a Chile como uno de los países claramente decididos a asumir un compromiso nacional con los derechos de los pueblos indígenas que habitan en su territorio y con el mejoramiento de sus condiciones de vida y trabajo". Agrega que este tratado -que ha sido ratificado en total por 22 países- "proporciona una plataforma sólida para el desarrollo de un diálogo social constructivo que permita contribuir a mejorar la situación" de los indígenas. 

Schapira estima que si bien el Convenio es una herramienta importante para alcanzar el desarrollo sostenible, "el establecimiento de los mecanismos de consulta sigue siendo uno de los principales desafíos que se plantean en una serie de países". Pero enfatiza en que la consulta es una forma clave de diálogo que sirve para armonizar intereses contrapuestos y evitar, así como también resolver, conflictos. 

Consultada sobre los efectos que puede traer en la inversión, la experta de la OIT dice que "todos los procesos, ya sean de índole político o vinculados con la economía, están sujetos a ciertas reglas y requisitos que tienden a garantizar más armonía y consenso en los proyectos previstos. Son herramientas para evitar posibles conflictos que sí podrían obstaculizar o aplazar la ejecución de, por ejemplo, proyectos de inversión. La experiencia comparada de otros países que también lo han ratificado no ha demostrado que la consulta causó un atraso en la ejecución de proyectos de inversión".

Modificado por última vez Viernes, 05 Julio 2013 13:09

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Rodrigo González Fernández
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CHILE-RENOVABLES

426 MW DE POTENCIA
Parques Eólicos Ancud y Tolpán Lideran Proyectos por US$912 Millones Aprobados en Agosto

   
   
   

Durante el mes pasado, además, fueron ingresados seis proyectos por un total de US$443,6 millones que totalizan el desarrollo de 263,3 MW de potencia.

Unos US$912 millones en proyectos de generación eléctrica fueron aprobados por el SEA durante el mes de agosto, de los cuales US$500 millones corresponden sólo a dos proyectos eólicos. Uno de ellos es Tolpán. La iniciativa de Inversiones Bosquemar alcanza un costo de US$250 millones y apunta al desarrollo de entre 204 y 306 MW de capacidad instalada en la Región de La Araucanía.

El proyecto Ancud, en tanto, contempla la instalación de un parque eólico de 120 MW de potencia en la isla de Chiloé. El costo aproximado de la iniciativa perteneciente a la compañía Viento Austral llegaría a cerca de US$250 millones. 

Durante agosto también se aprobaron las dos etapas del proyecto Arica de Sky Solar (Arica I y II), las que involucran una inversión por US$235,4 millones y el desarrollo de una potencia total de 98 MW. A este se suman los 48,2 MW y cerca de US$120,5 millones de inversión de la planta solar San Andrés. También se dio luz verde a la pequeña central hidroeléctrica de pasada Baquedano, cuya instalación significaría una inversión de US$56,3 millones para 17,8 MW de potencia.


Ingresados


Por otra parte, ingresaron a tramitación ambiental en este período cuatro proyectos solares fotovoltaicos por un total de 236,5 MW. La realización de estas iniciativas (RAVSOE, Capricornio, Los Manolos y San Pedro de Atacama III) representa una inversión aproximada de US$380 millones. 

También figuraron la entrada del proyecto "Cabrero", una central de biomasa con 20 MW cuyo costo sería cercano a US$50 millones, y de la pequeña central hidroeléctrica de pasada de 6,8 MW El Traro por unos US$13,6 millones. 

Fuente:ESTRATEGIA 

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viernes, 6 de septiembre de 2013

AGRICULTURABLOGGER:

Agricultores aprenden manejo sustentable de sus chacras


Taller CET Pintados











Con un taller práctico, donde los protagonistas fueron los mismos agricultores y agricultoras presentes, productores de la localidad de Pintados reflexionaron acerca del sistema de rotación de cultivos, técnica agrícola que conlleva beneficios para el suelo y las plantas.

Esta jornada se ejecutó  en el marco de la Mesa Agrícola de Pintados, instancia público-privada que conforman el Ministerio de Agricultura, a través de INDAP; compañías mineras Teck Quebrada Blanca y SQM, la Municipalidad de Pozo Almonte y asociaciones productoras de Pintados, perteneciente a la comuna de Pozo Almonte.

El taller estuvo a cargo de Agustín Infante, Ingeniero Agrónomo, Magíster en Desarrollo Rural -Diplomado en Desarrollo Local, y director del centro de Educación y Tecnología (CET) Bío Bío; y contó con la presencia de productores de las asociaciones Juventud del Desierto, Tierras de Jehová y Nuevo Amanecer, además del director regional de INDAP, Claudio Koplow; la encargada de SIRSD-S INDAP; Roxana Nuñez, y el encargado del programa Atacama Tierra Fértil de SQM, Marcelo Hernández.

En la oportunidad, Infante explicó en qué consiste la práctica de rotación de cultivos, la que radica en alternar plantas de diferentes familias y con necesidades nutritivas diferentes en un mismo lugar durante distintos períodos de modo de enriquecer el suelo principalmente promoviendo la incorporación de materia orgánica, y que esta permanezca y se estabilice para evitar que el suelo se agote y que las enfermedades que afectan a un tipo de cultivo se perpetúen en un tiempo determinado.

De esta manera se aprovecha mejor el abono del suelo y se controlan las plagas sin necesidad de aplicar grandes cantidades de pesticidas, especialmente en un territorio tan complejo para el desarrollo de la agricultura como es la Pampa del Tamarugal.

El director regional de INDAP sostuvo que "esta jornada fue muy dinámica en la cual se tocó un tema relevante para la región como es la sustentabilidad de los suelos y su aumento en el tiempo, gracias a la práctica de rotación de cultivos".

"La materia orgánica es uno de los principales componentes del suelo ya que  aporta algo de nutrientes, es capaz de retener agua y mejorar las características físicas del suelo, por eso estamos evaluando la posibilidad de diseñar un par de rotaciones factibles de ser aplicadas para nuestra realidad sin descuidar el ingreso económico de nuestros agricultores", explicó.

Koplow detalló  que este objetivo se cumplió con éxito logrando diseñar tres a cuatro rotaciones probables de ser aplicadas en terreno, mientras otras dos a tres se propondrán para Camiña.

"El tema medioambiental y de la sustentabilidad de los recursos productivos agrícolas es un tema prioritario para el Ministerio de Agricultura, y para el mismo Presidente Piñera, y estamos mandatados a aplicarlo como una política pública que mira al mediano y largo plazo. Nuevamente: soluciones y no sólo acciones" agregó.

Por último, recalcó que el objetivo principal de este taller, que fue financiado por SQM y Teck Quebrada Blanca, es solicitar en el mediano plazo al Ministerio de Agricultura que el programa Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios (SIRSD-S) que se aplica en la región, incorpore la subvención a esta práctica de rotación de cultivos, de manera que se pueda ordenar los predios de los agricultores sin que esto tenga repercusiones económicas para los productores.


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biocombustibles

Energías renovables: Los biocombustibles utilizados en Europa reducen la producción de alimentos

6 septiembre, 2013

Otras Renovables

REVE

Un nuevo estudio de Amigos de la Tierra Europa, realizado por el investigador de la Universidad de Princeton, Timothy Searchinger, analiza la relación entre el uso de agrocombustibles (carburantes producidos con materias primas de origen agrario), emisiones de gases de efecto invernadero y producción de alimentos. El análisis aporta un componente todavía no explorado en el debate europeo: la reducción de gases de efecto invernadero atribuibles a algunos agrocombustibles se hace a expensas de las poblaciones más pobres, se reduce la disponibilidad de alimentos y empeora su dieta.


Entre las consecuencias ampliamente reconocidas del uso de agrocombustibles en el transporte europeo, destacan el hambre y la emisión de gases de efecto invernadero debido al cambio indirecto de uso del suelo (ILUC por sus siglas en inglés), es decir la deforestación o destrucción de otros tipos de ecosistemas para poder cultivar, provocando grandes cantidades de emisiones responsables del cambio climático. Lo que no se había demostrado hasta la fecha es la relación entre ambos: cuanto menos se deforesta y se destruyen ecosistemas, más se incrementa el problema del hambre, ya que los agrocarburantes desplazan campos dedicados al cultivo de alimentos; cuanto más se intenta evitar el hambre adicional, más emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación y destrucción de ecosistemas.

Esta nueva perspectiva representa sin duda un elemento más a tomar en cuenta en la actual revisión de las dos Directivas que regulan la utilización de agrocombustibles en la Unión Europea. La próxima semana, el Parlamento Europeo está llamado a votar en plenario sobre dos aspectos fundamentales. Por una parte, imponer un límite máximo a la cantidad de agrocombustibles que se pueda utilizar en los carburantes y por otra, introducir el fenómeno ILUC en el cálculo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En paralelo, el Consejo Europeo también está decidiendo su postura sobre estas dos cuestiones. Por lo tanto, los eurodiputados y los ministros de industria y de medio ambiente tienen una gran responsabilidad en los próximos días: reducir el uso de agrocombustibles y asegurar que los factores ILUC se tomen en cuenta, para no empeorar el cambio climático y el hambre en el mundo.

Según Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra: "si los eurodiputados votan a favor de más agrocombustibles para alimentar nuestros coches, estarán votando a favor de más hambre para las poblaciones vulnerables del mundo, o si no, un incremento significativo de las emisiones de gases de efecto invernadero. En cualquier caso, sería una situación extremadamente perjudicial para la ciudadanía y el medio ambiente, y una decisión irresponsable e inmoral por parte de los representantes políticos. No hay que olvidar que las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina y que el resultado de las votaciones en esta legislatura marcará las tendencias de los votantes".

El análisis de Searchinger, basado en datos disponibles de varios estudios, en su mayoría encargados por la Comisión Europea, demuestra que:

- los agrocombustibles que consiguen reducir emisiones de gases de efecto invernadero comparado con los combustibles fósiles – fundamentalmente el bioetanol – lo hacen únicamente porque a la par se reduce el consumo de alimentos: no se reemplaza todo el suelo utilizado para etanol con tierras nuevas y por lo tanto, la producción de alimentos disminuye. En el caso de reemplazar toda la superficie dedicada a bioetanol con la deforestación y destrucción de ecosistemas, las emisiones de gases de efecto invernadero inducidas serían al menos 5 veces superiores;

- de cada 100 calorías procedentes de trigo o maíz desviadas a agrocombustibles, 25 no se reemplazan en alimentos. Por lo tanto, menos disponibilidad de calorías, que repercute principalmente en los países pobres;

- el cultivo de trigo y maíz para etanol desplaza otros cultivos, en particular verduras, que al encarecerse, se consumen menos por las poblaciones más pobres. De allí una reducción de la calidad de la alimentación.

http://santamarta-florez.blogspot.com.es/2013/09/los-biocombustibles-utilizados-en.html

http://www.foeeurope.org/sites/default/files/press_releases/searchinger_paper_foee_briefing_understanding_biofuel_trade-offs_july2013.pdf

 

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sustentabilidad empresarial

Congreso CREA

El concepto de sustentabilidad empresarial ya está generalizado

El concepto de sustentabilidad empresarial ya está generalizado Ver más fotos
"Hay que saber que la forma de actuar de una empresa afecta al conjunto al cual pertenece y también a los demás conjuntos de la vida", explicó Luis Ulla.

La responsabilidad social empresaria supera el mero resultado económico, afirmó hoy Luis Ulla, Director Ejecutivo de IARSE (Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria), en el marco del XX Congreso CREA, que se realiza hasta mañana, viernes, en el Estadio Orfeo de la ciudad de Córdoba.

"El concepto de sustentabilidad empresarial ya está generalizado. No hay duda de que supera la dimensión del negocio. Hay que insistir en la diferencia ente negocio y empresa", señaló Ulla.

Agregó: "Nuestra forma de obrar impacta sobre los demás. Ser socialmente responsable es sentirse parte de algo común. Hay que saber que la forma de actuar de una empresa afecta al conjunto al cual pertenece y también a los demás conjuntos de la vida. Orientar la empresa hacia la sustentabilidad es llevarla hacia la convivencia".

Ulla formuló una pregunta inquietante: ¿En qué punto estamos parados en materia de sustentabilidad y responsabilidad social empresarial? "Hay cierto acuerdo en que no estamos bien rumbeados. Hoy se habla de una crisis multidimensional, que abarca lo ético y cultural, lo económico y el impacto sobre el ambiente. Pero esa integralidad de la crisis nos permite ver qué se espera de la organización empresa. Como los orientales, hay que darle un sentido de oportunidad a esta crisis", afirmó.

"Lo que estamos haciendo como empresa no sólo nos afecta a nosotros en el presente, sino que está vinculado con la cadena de la vida. En este momento, somos un eslabón, pero lo que hagamos será decisivo para que esa cadena continúe", destacó. Añadió que "la sustentabilidad dejó de ser una moda. Tal vez sea el único modo de ser que nos quede".

También destacó la importancia de comunicar el desarrollo integral de la empresa. "Si solo doy cuenta de la creación de valor económico, me van a ver de manera sesgada, van a advertir sólo una parte de mi esfuerzo diario. Y así se pone en riesgo lo que se llama licencia social, que es la aprobación que una comunidad le da a una empresa por lo que está haciendo. Es una aprobación permanente. Como si la sociedad en la que se mueve una empresa le dijera "me gusta que existas", "me gusta que hagas lo que haces". Esa es la licencia social para operar. Es un bien intangible".

En otro pasaje de la conferencia, señaló que "tenemos que ir pensando en estrategias de innovación social y ambiental que estén ligadas al negocio. Entonces vamos a pasar a hablar de responsabilidad social como un sinónimo de gestión. Una empresa es como quien la maneja". En el mismo sentido, agregó que la responsabilidad social empresarial es "crear valor económico a la vez que se crea valor social. Es el desafío de establecer un nuevo balance, que está ligado a la pasión, al compromiso y al orgullo, porque ya no sólo estamos construyendo valor económico, sino que estamos construyendo valor para nosotros y para los que viven con nosotros".

Finalmente, explicó que la responsabilidad social es la relación ética y transparente que la empresa establece con todos los públicos con los que se relaciona. "Ese es nuevo desafío: tener metas empresariales duras que compatibilicen con el desarrollo social sustentable, preservando el desarrollo ambiental y cultural para las futuras generaciones", resaltó.

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jueves, 5 de septiembre de 2013

BARRIC :

EN ALEGATOS ANTE EL TRIBUNAL AMBIENTAL POR RECURSO PRESENTADO CONTRA ACTUACIÓN DE LA SMA EN CASO PASCUA-LAMA
 
 Barrick alerta que está en juego la "institucionalidad ambiental"
Agrupaciones nuevamente pidieron que se revoque la RCA del proyecto binacional.
05/09/13

(Diario Financiero) Las agrupaciones opositoras al proyecto Pascua-Lama pidieron un aumento en las sanciones que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) le cursó a esta iniciativa por diversos incumplimientos a lo establecido en los permisos ambientales del proyecto minero, que la canadiense Barrick ejecuta a través de su filial Minera Nevada.

Esto, en el marco de los alegatos del recurso de reclamación que estos grupos presentaron ante el Tribunal Ambiental para impugnar la actuación de la SMA en la fiscalización de este proyecto. 
El cuestionamiento fue realizado por el Consejo Comunal Diagüita de Huasco Alto, junto a Rubén Cruz Pérez y la Agrícola Santa Mónica y apunta no sólo a que se aumenten la sanción "de acuerdo a las graves y constantes incumplimientos", sino que también que se realicen nuevos sumarios administrativos y, finalmente, que se invalide o revoque la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

El abogado de Barrick, José Antonio Urrutia, entregó una de las respuestas más fuertes a la petición de los detractores a quienes acusó de querer "más sangre" con sus peticiones. "Lo hacen de forma caprichosa, olvidándose de que la ley le asigna la potestad exclusiva a la SMA para imponer las sanciones, que no por no ser del gusto de los reclamantes van a ser necesariamente irreales", aseguró.

Y fue más allá al decir que "aquí están en juego la legitimación de la institucionalidad ambiental, la estabilidad y las reglas del juego que se aplican a las inversiones que se realizan en nuestro país". 

Defensa de la SMA


El abogado de la SMA, Sebastián Avilés, dijo que los reclamos de ilegalidad son improcedentes y pidió que sean rechazados por el tribunal y añadió que se ha actuado con estricto rigor en la fiscalización y la sanción que establece la ley.

Fundamentó que la sanción se cursó en base a la existencia de "una infracción de carácter continuada, en el sentido que distintos hechos que pueden ser diferidos en el tiempo, no se entienden por infracciones distintas, sino que constitutivos de una misma infracción" y apuntó que los incumplimientos del proyecto son subsanables, porque está en etapa de construcción.

La reclamación contra la SMA establece que la multa por US$ 12 millones cursada contra Pascua-Lama por incumplimientos a la RCA, tiene un "conjunto amplio de vicios", por lo que pidieron anular la resolución, moción que llevó al Tribunal Ambiental a pedir explicaciones a la SMA.

Fuente / Diario Financiero

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·RSE: una visión desde Costa Rica

DATOS DE ENCUESTA DE OPINIÓN DEL TECNOLÓGICO

Ticos delegan acciones de responsabilidad social en el Gobierno y poco en el ciudadano


ANA CRISTINA CAMACHO SANDOVAL / 04 SEP 2013, 12:06 PM

NEGOCIOS / 04 SEP 2013 /

En el campo de la responsabilidad social, el ciudadano percibe al Gobierno poco comprometido con el pago de salarios justos

Para el costarricense, las acciones enmarcadas en el modelo de responsabilidad social recaen en primer lugar en el Gobierno, luego en las empresas y finalmente en el ciudadano. Además consideran que poco se hace a lo interno de las empresas para rechazar la corrupción, generar empleos con salarios justos y proteger los recursos naturales.

Estos son algunos de los hallazgos que revela  la encuesta de oipnión 'Acciones de responsabilidad social desde la visión costarricense' realizada por el Centro de Investigación en Administración, Economía y Gestión Tecnológica del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y dado a conocer la mañana de este miércoles.

Con el objetivo de identificar cuál es la opinión del tico en este tema, la encuesta telefónica abarcó todo el país, fue aplicada a personas mayores de 18 años y se entrevistaron a 500 personas, el 48% de ellos hombres y el 52% mujeres, siendo casi el 40% de San José.

Según los resultados, el 57% de la responsabilidad en asegurar el cumplimiento de las garantias laborales de los trabajadores recae en el Gobierno, el 51% en las empresas y el 14% en el ciudadano. Además el gobierno tiene el 59% de responsabilidad en promover la igualdad de condiciones en personas con discapacidad, el 63% en promover la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, el 63% en evitar la evasión de impuestos y el 74% en reducir las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres.

Es claro entonces que la sociedad le da al Gobierno la mayor tarea en el campo de la responsabilidad social en comparación con el sector empresarial. Queda claro también que hay una pobre idea de que las empresas realizan tareas y acciones positivas en variables como rechazar la corrupción, pues el 51,6% de los encuestados cree que hacen poco. Poco hacen también por protegeer los recursos naturales, por pagar puntualmente los impuestos y por generar empleos con salarios justos.

Admiten que 'algo' hacen  por respetar las garantías laborales, por promover la igualdad entre ambos géneros. En ninguna de las variables contempladas en el estudio destacan las respuestas de mucho aunque tampoco el de 'nada', lo cual hace suponer que si bien reconocen que no hay mayores esfuerzos por implementar acciones en Responsabilidad Social, no perciben que no se hace nada.

Es un patrón similar cuando se les consulta sobre el compromiso de las organizaciones en el bienestar de la población pues: la mayoría cree que los partidos políticos no están nada o poco comprometidos; la mismo para el Gobierno y los sindicatos. En la variable grandes empresas la mayoría cree que están poco o algo comprometidas. La percepción mejora cuando se menciona a las pequeñas y medianas empresas y los medios de comunicación dado que aquí crece un poquito la respuesta de que están muy comprometidas sin llegar a ser un porcentaje importante.

Los investigadores y líderes del estudio, José Martínez, Gustavo Cubillo y Ronald Brenes admiten que existe un desconocimiento general del término de RSE en la población. De hecho en la encuesta se indica que el 42% nunca lo ha escuchado y 33% sí lo conoce pero no lo entiende.  Solo un 21% sí conoce el término y además sabe qué significa.

Martínez reconoce que un gran porcentaje de lo que saben el significado de RSE lo circunscribe a temas ambientales.  Sobre este punto, en el capítulo sobre cómo influencia la población sobre la RSE de las empresas, la mayoría cree que la calidad y el precio son los elementos más influyentes, le sigue la marca y apenas un 6% menciona el impacto ambiental.  A pesar de lo anterior el 48,6% dice que procura comprar sus bienes a empresas que cuidan y no contaminan el medio ambiente; el 39% dice que procura comprar a empresa que apoyan proyectos de bienestar social en las comunidades.

"Los países más desarrollados han basado su desarrollo en la promoción de empresas que generan un efecto multiplicador para su sociedad y esto es un elemento que falta en Costa Rica, detalló Brenes.

No logran desarrollar acciones a favor de la sociedad y dentro de la filosofía de RS porque no tienen un sistema o modelo; además el ciudadano se sacude de responsabilidades y se lo delega al Gobierno y las empresas. 

Tenemos la gran tarea de formar y educar, ojalá desde las escuelas en materia de responsabilidad social, comentó Cubillo. "Tenemos tres áreas para trabajar: hacer verdadera responsabilidad social, promocionarla e involucrar a colaboradores y consumidores".

El investigador José Martínez agrega que la RS no es gratuita, se debe invertir y sería inútil pensar que se tendrán réditos en el corto plazo, pues es un proceso de largo plazo de crear valor y de mulitplicarlo entre todos los actores interesados y en la cadena de producción.


Fuente:

Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU( 
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