En el centro de las negociaciones oficiales, la cumbre de Río+20 -que empieza este miércoles en Brasil- está la preocupación por buscar acuerdos políticos que mejoren el destino de la sociedad, particularmente de las más pobres, y de la naturaleza.
Puede que la politíca no sea el escenario adecuado, ni los políticos la gente autorizada para esa misión, a juzgar por el paso glacial, erosionado, de las conversaciones aquí, en Río de Janeiro.
La ciencia tiene claridad en muchos asuntos y los ministros lo reconocen.
Pero hay otros factores también, razón por la que la respuesta política a asuntos como el cambio climático siempre le va a la zaga a la ciencia.
Si la política no le cuadra, ¿qué decir de la ley?
En 1996, el abogado Mark Gray tuvo una visión clara: convirtamos el ecocidio (la destrucción de la naturaleza) en un delito.
Bueno, dirá uno, cualquier país puede hacer eso. De hecho, muchos lo han intentado en diversos grados.
Dependiendo de donde uno viva, encender fogatas en el bosque, robar huevos de los nidos, arrojar aceite de motor a los arroyos y construir en un habitat protegido puede conducirnos a comparecer ante un tribunal.
Sin embargo, otros países no tienen tales leyes.
También, las actividades que dañan al mundo natural a veces ocurren más allá del ámbito de las fronteras nacionales; para citar un ejemplo, la pesca indiscriminada en alta mar.
Los peores delitos
Los peores daños al medio ambiente provienen de las compañías que pertenecen a un país y operan en el territorio de otro.
Esto explica la iniciativa de la abogado Polly Higgins para convertir el ecocidio en uno de los cinco "crímenes contra la paz" internacionales, junto a los crímenes de guerra, al genocidio, a los crímenes contra la humanidad y los crímenes de agresión.
La pesca indiscriminada en alta mar es también un tipo de ecocidio.
Para la gente del movimiento Eradicating Ecocide ("Erradiquemos el Ecocidio") no se trata de aplicar coscorrones en castigo por la transgresión de la ley.
El año pasado, el movimiento mostró lo que sería un juicio por este potencial delito, en el cual dos ejecutivos de una ficticia compañía canadiense dedicada a la brea enfrentaban un tribunal con auténticos abogados, un juez de verdad y un jurado de verdad.
Uno fue "sentenciado" a cuatro años de cárcel.
Así como los directores de las corporaciones que se extralimitan, el movimiento cree que los ministros y los jefes de gobierno que llevan a cabo o permiten el ecocidio deberían ser juzgados.
Y los casos podrían elevarse a los tribunales en nombre de los habitantes, ya sean humanos o de otras especies.
La postura de Eradicating Ecocide ha ganado apoyo -por cierto, de parte de los ambientalistas, pero también, me aseguran, de algunos gobiernos, aunque no me parece que alguno lo haya reconocido públicamente todavía.
La posibilidad de obtener respaldo de todos los gobiernos parecería ser infinitesimal, especialmente si se toma en cuenta el hecho de que un gran número de ellos ha elegido no reconocer la Corte Penal Internacional y aceptar su jurisdicción.
Este organismo es el que puede oír las causas rotuladas bajo los cuatro crímenes contra la paz.
Pero quizás eso no importe.
El principal objetivo es impedir que ocurran las instancias ecocidas en primer lugar.
Y si hay una compañía que opera en muchos países, en algunos que aceptan la jurisdicción y en otros que no, la compañía tendrá que respetar los estándares de aquellos que sí aceptan.
Un árbol puede no serlo
Si lograr la definición legal de árbol en el Protocolo de Kyoto demoró varios años, ¿cuçanto tomaría definir ecocidio? ¿Qué incluiría una persona común y corriente en el concepto de ecocidio?
Algunas compañías de un país destren la naturaleza en los países en que operan.
La palabra salió al mundo hace unos 40 años, en la primera Cumbre Ambiental de Naciones Unidas en Estocolmo, cuando el primer ministro sueco, Olof Palme, se lo achacó a Estados Unidos respecto al uso de los productos químicos defoliadores durante la guerra de Vietnam.
En la visión de Polly Higgins, los actos ecocidas durante la guerra no son el objetivo principal, porque éstos pueden considerarse bajo algún otro tipo de crimen contra paz.
La preocupación principal es qué ocurre en tiempos normales.
Por ejemplo, una filtración masiva de petróleo causada por negligencia o acción temeraria.
¿Qué pasaría con la pesca o la caza de una especie hasta su extinción?
Si una compañía abre una mina a cielo abierto, digamos, se va a registrar un importante daño ecológico en el área.
Sin embargo, con voluntad y el enfoque adecuado, todo puede volver a su estado original tras la clausura de la mina.
La remoción de tierra original, ¿caería bajo la descripción de ecocidio por el daño que hace?
Será interesante ver cómo se desarrolla la idea de Eradicating Ecocide en los próximos años.
La producción cultural está vinculada a la responsabilidad social empresarial en dos vertientes. Por un lado, el mecenazgo de empresas e instituciones promueve una amplia actividad cultural, ya sea como parte de su acción social o integrada en su propia actividad. La otra vertiente alude al impacto social de las manifestaciones culturales como aliadas de la inclusión social y del desarrollo social integral.
