opinión
Columna: "San Isidro ¿accionista de Hidroaysén?"
Por PROhumana | 23 Febrero, 2011 | Categoría: Columnista Sustentable, Energía
Las últimas semanas, noticiosas en lo energético, PROhumana no ha querido estar ausente. Por eso, hoy te presentamos esta columna escrita por Ximena Abogabir, Presidenta Ejecutiva de Fundación Casa de la Paz, en la que realiza una seria reflexión sobre los problemas energéticos del país y de las alternativas para una posible solución:
La sequía vino como anillo al dedo para facilitar la inminente decisión de aprobar el proyecto de Hidroaysén. La mitología del Presidente de la República muestra que su vida empresarial está repleta de estos episodios, como la coincidencia del accidente de los 33 mineros con la fecha en que se planeaba lanzar una campaña internacional de Imagen País.
Dado que el crecimiento de los países se relaciona con mayor consumo energético tanto productivo como residencial y de transporte, la crisis que se avecina en Chile era predecible. Dado que ninguna de las alternativas genera soluciones de corto plazo, la deuda sin lugar a dudas hay que pasársela a los primeros tres gobiernos de la Concertación, ya que fue sólo en el período de la Presidenta Bachelet cuando se avanzó en serio en la discusión sobre la matriz energética.
Nadie duda que la eficiencia energética es la opción más inteligente: para el bolsillo, para el ecosistema, para el erario nacional. En el cambio institucional valiosas iniciativas educacionales quedaron en el camino por lo que es urgente retomar el impulso perdido, dado que no hay medida más eficaz para fiscalizar el comportamiento individual de las personas que su propia conciencia. Sin embargo, hacer un uso inteligente de la energía no es suficiente para compensar el aumento de la demanda, por lo que es preciso también generar más y asumir que todas las opciones tienen un "lado oscuro".
A pesar de la legítima resistencia ciudadana a la instalación de centrales termoeléctricas en su vecindario, así como su aporte a la "huella de carbono", Chile no puede descarbonizar del todo su matriz energética, sino velar porque los procesos sean con la mejor tecnología disponible. No se trata de defender el bolsillo de las grandes compañías mineras, sino también de los hogares de escasos recursos y de las PYMES, que verán como se eleva su gasto energético con el consiguiente impacto en los empleos y la calidad de vida. En ese sentido, bienvenida la nueva normativa de emisión de las centrales termoeléctricas que minimice el impacto en los ecosistemas, especialmente, en la salud de las personas.
Paralelamente debemos reconocer que también las energías renovables no convencionales, como la solar, la eólica, la minihidro y la geotérmica tienen un impacto no menor en los ecosistemas. Recientemente presenciamos como CODEFF enérgicamente se opuso a la construcción de un parque eólico de 56 aerogeneradores en Chiloé por estar ubicado en un corredor biológico de aves playeras y marinas. Por su parte, las granjas solares requieren grandes superficies para ser eficientes, las minihidro afectan el paisaje y funcionamiento biológico de los ríos y la geotermia se ubica en lugares de difícil acceso, a menudo, en territorios indígenas.
¿Qué nos va quedando? Opciones nada de fáciles de tomar: megarepresas y centrales nucleares.
Chile merece un debate sereno que permita emigrar de los blancos y los negros y genere una propuesta de "cuánto de esto y cuánto de aquello", que tenga en consideración la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones así como modelos sostenibles de desarrollo. El desafío es generar un consenso nacional sobre la mejor forma de resolver la compleja ecuación entre energía segura, barata, renovable y limpia. La educación ambiental no puede estar ajena al "paquete de medidas", de modo que las opciones personales pasen a ser parte de la solución.
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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presentará al público el próximo 3 de marzo la quinta edición de su informe sobre la evolución de la Responsabilidad Social en España, un estudio bienal que desde el año 2002 arroja una fotografía nacional del grado de implantación y desarrollo de la RSE en empresas y ciudadanos de nuestro país.
